sábado, 18 de febrero de 2017

FIN DE LA GUERRA CIVIL. LA POLÍTICA DE REPRESIÓN


Tras el Alzamiento Nacional de 1936, al mismo tiempo que los insurgentes reducían a los rebeldes en los diferentes municipios de Zaragoza, los representantes de la autoridad en cada municipio, Guardia Civil o ejército, por orden del Gobernador Civil de Zaragoza, Julián Lasierra Luis, procedieron a la destitución sistemática de las Gestoras republicanas y a la constitución de los nuevos poderes locales. Si en el resto de la provincia de Zaragoza la mayor parte de los Ayuntamientos quedaron formados en los días inmediatos tras la sublevación armada, en Sos del Rey Católico no se conformó hasta el 22 de agosto, por designación del comandante de la Guardia Civil Manuel Colino Toledo[1], nombrando alcalde a Prudencio Gaztelu Lizalde.
Tras la prolongada contienda, los Ayuntamientos tuvieron que hacer frente a los problemas derivados de la misma, entre los que se encontraba la planificación para atender las urgentes labores de beneficiencia, asistencia a fuerzas militares, prisioneros y refugiados y, en suma, a la reorganización de la vida económica. También debieron dotarse de una estructura asistencial suficiente para atender las crecientes demandas de las familias afectadas por la pérdida de alguno de sus miembros, el aumento de niños huérfanos, mutilados de guerra y de refugiados procedentes de la zona bajo dominio republicano, por lo que gran parte del presupuesto municipal se iba en esta tarea de beneficiencia, en concreto a partidas de subsidios y suscripciones patrióticas.
                      Para llevar a cabo esta tarea contaron con la colaboración de Falange y Acción Ciudadana, lo que les permitió implantar en sus pueblos todo el sistema asistencial y de ayuda que incluía comedores, el Auxilio Social y de Invierno, el día del plato único, etc. En marzo de 1937 se constituyó en la alcaldía de Sos del Rey Católico la Junta de Beneficiencia Local para hacer frente a las demandas de la población, recibiendo una petición de Falange para obtener mayores subvenciones con el fin de contribuir al mantenimiento de los comedores que tenían instalados en la villa[2].


                       El 1º de abril de 1939 Franco anunciaba el fin de una guerra que había durado tres años y había dejado cerca de 400.000 muertos y otros tantos exiliados. En Sos, la contienda armada prácticamente se dio por finalizada al poco de iniciarse ésta tras el Alzamiento Nacional, una vez que los insurgentes entraron en el pueblo y con el desencadenamiento de la violencia desatada terminaron con las fuerzas rebeldes locales[3], pero todavía quedaba la “otra” guerra que tendrían que sufrir los “vencidos” y que duraría muchos años más: la larga y sangrienta postguerra en la que no cabía el perdón ni la reconciliación, y con Franco, los militares y la Iglesia católica mostrando un compromiso firme y persistente con la venganza.

Los supervivientes de los “vencidos” tuvieron que exiliarse debido a las persecuciones de que eran objeto, y aquellos que no tomaban el camino del exilio todavía les quedaba por vivir otra difícil situación, y es que sus familias se vieron sometidas a la incautación de bienes como manifestación última del proceso de represión iniciado tras el 18 de julio, bienes que pasarían “íntegramente a ser propiedad del Estado”.
Las zonas con mayor índice de incautaciones coincidía frecuentemente con las de un mayor número de terratenientes; la explicación de esta relación puede ser por el interés de los grupos sociales dominantes en seguir castigando la insubordinación social de aquella masa campesina que se había atrevido a enfrentarse a ellos. Sos fue uno de los municipios que sufrieron los efectos de este castigo, con 21 incautaciones[4].
Asímismo, las mujeres de los campesinos muertos y huídos tuvieron que sufrir castigos y vejaciones tanto físicas como psicológicas (cortes de pelo, purgas con aceite de ricino, acosos sexuales...) recibiendo amenazas de que si los represaliados huídos no regresaban ellas “pagarían las consecuencias”, teniendo constancia de tres mujeres muertas violentamente en Sos.

          Había que recordarles que no habría ni perdón ni olvido; así, el 9 de febrero de 1939, el primer gobierno de la dictadura franquista dictó la Ley de Responsabilidades Políticas, “reconociendo la necesidad de reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria” e invocando que se busca “liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja”” que culminó en el sangriento enfrentamiento, “...y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional”[5]

Expediente de responsabilidad política
La jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas hurtó así a los procesados la posibilidad de reintegrarse en la sociedad en igualdad de condiciones con respecto a quienes, libres del permanente hostigamiento y de la obligación de rendir cuentas por su pasado contaron, de hecho, con más oportunidades de recuperar la normalidad y hacerse con una posición relativamente ventajosa después de la guerra.
Una garantizada seguridad que muchos ciudadanos conquistaron, gracias entre otras cosas, a la prestación de ayuda y colaboración con el engranaje represivo puesto en marcha por el Nuevo Estado. Un buen ejemplo de promoción social lo encontramos en la carrera del sosiense, abogado y propietario Tomás Salvo Bonafonte, a quien vemos participando como testigo en los procesos tramitados por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes en la localidad de Sos del Rey Católico[6], para encontrarlo años después, en la década de los cuarenta, al frente del juzgado de instrucción del partido judicial de Sos. Así las cosas, la marcha de un procedimiento por la jurisdicción de Responsabilidades Políticas, y aún antes, por las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes, involucró a no pocos ciudadanos en una suerte de pirámide participativa, en donde el vértice sería ocupado por los nuevos poderes locales mientras un grupo de vecinos, previa y celosamente elegidos, serían partícipes de la represión impulsada “desde arriba”. Los vecinos pudieron intervenir en la marcha del proceso judicial bien a iniciativa propia como denunciantes, bien a requerimiento de las autoridades en calidad de testigos «de reconocida solvencia y moralidad» o como administradores de los bienes incautados[7]
A la Ley de Responsabilidades Políticas le siguieron la de Represión de Masonería y el Comunismo de 1º de marzo de 1940, la de Seguridad y del Estado de 29 de marzo de 1941 y la de Orden Público de 30 de junio de 1959, cerrando así el círculo de “represión legal” para seguir castigando, mantener en las cárceles a miles de presos, torturarlos y humillarlos hasta la muerte.

        Sos, como muchos pueblos aragoneses y buena parte de la población española, vio cómo la experiencia de la guerra, además de cobrarse numerosas vidas humanas en el frente y en la retaguardia, también cerraba “espacios comunitarios” y levantaba “muros invisibles” entre quienes en el pasado habían compartido vecindad, convivencia e intimidad, que servía de detonante a conflictos que habían permanecido larvados en incontables lugares. Los expedientes de la Ley de Responsabilidades Políticas nos descubren las fracturas de una sociedad recién salida de una guerra civil en donde prácticas como la vigilancia mutua o la delación entre vecinos habían encontrado cobertura institucional y un considerable respaldo social. El ejercicio de la represión se valió de numerosas personas anónimas, que movidas por diferentes intereses personales o convincciones políticas, sólo consiguieron que el funcionamiento del régimen del Terror fuera tan extensivo y efectivo[8]. El paso del tiempo curaría las heridas de este otro “horror” de una guerra fraticida.
Por otra parte, como consecuencia del ambiente contrarrevolucionario que invadió la provincia, se procedió al desmantelamiento de todos aquellos elementos que hicieran referencia al pasado; los nombres de las calles fueron sustituídos por otros que tenían una relación directa con el “Movimiento Nacional” (por ejemplo, la calle del Ejército Español); en los edificios públicos, escuelas y hospitales se restauró toda la imaginería cristiana (crucifijos, imágenes, efigies…) relegada durante años a la República ( el 19 de octubre de 1936 en Sos se produjo la entronización del Sagrado Corazón que durante la República fue quitado y trasladado a la iglesia parroquial) y las fiestas religiosas volvieron a recuperar su calendario de celebraciones[9].

En el tema agrario el triunfo del bando nacional llevó aparejada la liquidación de la Reforma Agraria que se había desarrollado durante la II República. También se invalidó la normativa dictada por las autoridades republicanas para proteger a los arrendatarios, y se articuló un nuevo modelo de relaciones laborales caracterizado por el dirigismo estatal, la creación de una estructura sindical de tipo corporativo y la prohibición de ejercer cualquier tipo de resistencia. En la Cinco Villas el afianzamiento de la gran propiedad privada se vinculó a la consolidación de la explotación directa muy mecanizada y por la aparcería a medial que sustituyó al contrato “al quinto”[10].

  En la línea de defensa de la propiedad agrícola hay que contextualizar también la política de colonización del primer franquismo. Al finalizar la guerra, y de acuerdo con los intereses de uno de los grupos de presión más significativos que habían integrado el bando vencedor –los grandes latifundistas-, se abandonó cualquier intento de llevar a cabo una auténtica reforma agraria que implicara una alteración de la forma en que se distribuía la propiedad de la tierra. Una vez rechazada la reforma agraria en su acepción usual, la faceta reformista del nuevo Estado se redujo a la política de colonización. En lo sucesivo, se implantó un modelo de reforma agraria cuyo objetivo principal era la modernización de la agricultura mediante la transformación en zonas de regadío grandes territorios hasta entonces incultos y otras mejoras técnicas para de este modo aumentar la productividad general del país, y como medio de consolidar las mejoras en el territorio, pretendía instalar de manera estable pequeñas agrupaciones de campesinos que las rentabilizaran, gracias a la redistribución de la propiedad. Nacían los pueblos de colonización.(Continuación)






[1] Cifuentes Chueca, Julita y Maluenda Pons, Pilar. “Propiedad de la tierra, conflictividad social y represión en la comarca de las Cinco Villas durante la guerra civil española (1936-1939)”, en Actas V Jornadas de estudio sobre Cinco Villas, pp. 78-79.
[2] Ibidem, pp.79-80.
[3] En el partido judicial de Sos se tiene constancia de 39 campesinos muertos violentamente en el primer año de la contienda.
[4] Cifuentes y Maluenda. “Propiedad de la tierra...” op. cit., p. 80.
[5] Preámbulo de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de Febrero de 1939. B.O.E. nº 44. Lunes 13 de Febrero de 1939, p. 824.
[6] A.H.P.Z., 5847/15, A.H.P.Z., 5848/1.
[7] Langarita Gracia, Estefanía. En pie de guerra. La trama  civil en torno a la jurisdicción de Responsabilidades Políticas en Aragón (1939-1945)
[8] Ibidem
[9] Cifuentes Chueca, Julita y Malvenda Pons, Pilar. “Propiedad de la tierra,conflictividad social y represión en la comarca de las Cinco Villas durante la guerra civil española (1936-1939)”, en Actas V Jornadas de estudio sobre Cinco Villas. Tauste, 1989. C.E.C.V. Ejea de los Caballeros.
[10] Ferrer Regales, Manuel (1958) El valle medio y bajo del Arba. Zaragoza, cit. en Luis Germán Zubero, “Cambio económico y conflictividad social en las Cinco Villas durante el período de entreguerras (1914-1936)”, en Actas V jornadas de estudio sobre Cinco Villas. Tauste 1989, p.133.C.E.C.V. Ejea de los Caballeros.





BIBLIOGRAFÍA


-CASANOVA, JULIÁN. Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938. Ed. Crítica. Barcelona, 2006.
-CENARRO, ÁNGELA. Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997.
-CIFUENTES CHUECA, JULITA y MALUENDA PONS, PILAR. “Propiedad de la tierra, conflictividad social y represión en la comarca de las Cinco Villas durante la guerra civil española (1936-1939)”, en Actas V Jornadas de estudio sobre Cinco Villas, pp. 67-85. Tauste, 1989. C.E.C.V. Ejea de los Caballeros.
-GERMÁN ZUBERO, LUIS. “Cambio económico y conflictividad social en las Cinco Villas durante el período de entreguerras (1914-1936)”, en Actas V Jornadas de estudio sobre Cinco Villas. Tauste, 1989. C.E.C.V. Ejea de los Caballeros.
-RIPALDA GABÁS, CARLOS. Navardún, historia de la Valdonsella. 2013.
-VV.AA. Actas V jornadas de estudio sobre Cinco Villas. Tauste, 1989. C.E.C.V. Ejea de los Caballeros.
-VV.AA. El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939) Siglo XXI España Editores. Madrid, 1992.
-VV.AA. Pagar las culpas .La represión económica en Aragón (1936-1945). Crítica. Barcelona, 2014
-B.O.E. nº 44. Lunes 13 de febrero de 1939. Ley de Responsabilidades Políticas.
En la web:
-dialnet.unirioja.es. Langarita Gracia, Estefanía. “En pie de guerra”. Llamadas a la población y colaboración ciudadana con la jurisdicción de Responsabilidades Políticas. Universidad de Zaragoza, 2012.
-histagra.usc.es. Langarita Gracia, Estefanía. “En pie de guerra”. La trama civil en torno a la jurisdicción de Responsabilidades Políticas en Aragón (1939-1945)